En Catalunya, la comida que se pierde o se tira a lo largo de toda la cadena alimentaria se cifra en 262.000 toneladas de alimentos, unos 35 kilos por catalán al año. Según datos de la Comisión Europea, España ocupa el séptimo lugar en cuanto a desperdicio de alimentos.

Bolsa comida para llevar

Con el objetivo de corregir esta situación, el Pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado por unanimidad de todos los grupos la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en Catalunya para reducir en un 50% el desperdicio alimentario en 2030. Se trata de una normativa pionera en Europa que prioriza la prevención en origen ante la redistribución de los excedentes, y lo hace a lo largo de toda la cadena alimentaria con especial énfasis en la gestión de los residuos en los restaurantes.

Envases biodegradables en los restaurantes

Los clientes de todos los bares y restaurantes de Catalunya tendrán derecho a llevarse los alimentos que no hayan consumido y el local les deberá facilitar el envase, que, además, tendrá que ser biodegradable y sin ningún coste adicional. El cliente también puede llevar un envase de casa, si lo desea.

Los restauradores deberán informar de esta posibilidad a los clientes de manera clara y visible en la carta o el menú.

Otras medidas contra el despilfarro

En los banquetes de bodas, bautizos o comuniones que haya más de cien asistentes, el restaurante o el servicio de catering deberá facilitar que las personas que paguen la factura se puedan llevarse lo que haya sobrado. Los envases serán gratuitos y deberán ser biodegradables y reutilizables para no agravar la problemática medioambiental.

La normativa también obliga a los supermercados a incentivar la venta de productos a punto de caducar o con alguna imperfección a un precio reducido y a fomentar la venta de alimentos a granel, que además genera menos residuos de envases y embalajes de plástico. Si no se cumple la ley, las multas pueden llegar hasta 150.000 €.

En cuanto al grueso de las empresas del sector de la alimentación, todas salvo las más pequeñas tendrán que tener un plan de prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos y estarán obligadas a medir e informar anualmente sobre los niveles de generación de pérdidas y desperdicio. Asimismo, están obligadas a aplicar la jerarquía de prioridades en cuanto al destino de los excedentes: como primer destino, la alimentación humana; el segundo destino debe ser la alimentación animal y, si estas opciones no son posibles, en último lugar estará el compostaje u otros usos técnicos.

La nueva ley también impone a la administración pública y al resto de entidades del sector público la obligación de incorporar a los contratos públicos y los convenios de gestión de servicios relacionados con la gestión de alimentos cláusulas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

Se prevé la regulación del espigueo como una actividad complementaria y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo prevenir las pérdidas alimentarias a la producción primaria. Los espigadores son las personas que trabajan en el campo después de la cosecha para reaprovechar todo el producto que queda.

Paralelamente, las administraciones deberán impulsar campañas para sensibilizar a la ciudadanía sobre el derroche y fomentar las buenas prácticas comerciales a todos los niveles de la cadena alimentaria, ya que un 60% del desperdicio proviene de los hogares.